Argentina conmemora el 50.º aniversario de su último golpe militar dividida. Mientras una parte del país mantiene vigentes los reclamos de memoria, verdad y justicia, otro sector ha puesto en tela de juicio la dimensión los crímenes perpetrados durante la dictadura.
La cuestión no es casual. Desde que el presidente argentino Javier Milei estaba en campaña optó por cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos que, según las organizaciones de derechos humanos, ocurrieron durante ese período. Del mismo modo, ciertas voces del oficialismo han intentado justificar el proceder de los represores con el argumento de que se trató de una "guerra" para combatir a "guerrillas comunistas".
De este modo, el país suramericano cumple medio siglo con las heridas abiertas ante la magnitud de los crímenes cometidos por represores que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de víctimas, al tiempo en que robaron recién nacidos en centros clandestinos de detención, violaron a las secuestradas y se apropiaron de bienes, en delitos que han sido ampliamente documentados por la Justicia.
Demonios y terroristas
El Gobierno de Milei reinstaló la "teoría de los dos demonios", que promueve la idea de que las guerrillas y la dictadura cometieron delitos equivalentes, a pesar de que las leyes internacionales establecen que los crímenes cometidos desde el Estado entrañan una gravedad mayor y, por lo tanto, son de lesa humanidad e imprescriptibles.
Esta premisa desconoce que los guerrilleros tenían derecho a un juicio y que nada justificaba su desaparición, además de que miles de víctimas no participaban en ningún grupo armado y solo fueron perseguidas porque militaban en sindicatos y organizaciones estudiantiles y sociales.
Por ese motivo, desde el Ejecutivo volvieron a referirse a las víctimas como "terroristas" y se propuso la idea de una "memoria completa", que equipare los crímenes de Estado con los perpetrados por los grupos armados. En ese proceso, ha habido múltiples escándalos en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, el represor Horacio Losito obtuvo la libertad condicional y luego fue homenajeado en una ceremonia en la provincia de Misiones. Más tarde, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió con colectivos de 'negacionistas' que promueven la libertad para los represores. En paralelo, el Gobierno dejó de informar sobre los juicios de lesa humanidad y suspendió las indemnizaciones a las víctimas.
Los videos con los que el Gobierno conmemoró el Día de la Memoria el 24 de marzo de 2024 y 2025 provocaron fuertes polémicas porque justificaban la represión, culpaban a las víctimas y defendían a los dictadores.
Este año no fue la excepción. La Administración de Milei publicó este martes un documental en el que reitera su postura sobre lo que califica de história "completa".
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR
— Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026
En el video, titulado 'Las víctimas que quisieron esconder', de una hora y cuarto de duración, se señala que "miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar".
La visita
La controversia sobre el tema no ha cesado desde el ascenso de Milei. De hecho, una de las controversias más graves la fue la visita que diputados oficialistas realizaron a varios represores en julio de 2024. Incluso se tomaron fotos que se viralizaron en redes sociales y que generaron una oleada de repudio.
El año pasado, otro de los escándalos lo protagonizó la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien se burló de "los vuelos de la muerte" que realizaban los represores para tirar vivas a sus víctimas al mar.
Las polémicas se repiten cada tanto en una sociedad que sigue dividida en dos narrativas que se contraponen por completo: unos apuestan a exonerar a los represores, negar y olvidar sus crímenes; y otros insisten en denunciarlos para que la memoria impida que la tragedia se repita.
Una encuesta reciente demuestra que, más allá de los relatos mediáticos y políticos, el 71 % de los argentinos tiene una mirada negativa acerca de la dictadura y el 63 % afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe.
Vaivenes
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, encabezadas por el teniente general Jorge Rafael Videla, dieron un golpe de Estado en contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón, dando inicio a una dictadura cívico-militar que se extendió por siete años, ocho meses y 16 días.
Desde entonces, el clima social en el país en torno a la dictadura ha sido oscilante. Durante el llamado Proceso de Reorganización Militar —eufemismo utilizado por los represores— predominó el prejuicio de que las víctimas "algo habrían hecho" para ser detenidas.
Sus familiares, en particular las madres de los desaparecidos y las abuelas de los niños que eran robados por los represores, comenzaron a organizarse para denunciar estos crímenes, con escaso respaldo social. Esas mujeres fueron conocidas mundialmente como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo porque ese era el lugar en el que, con pañuelos blancos que les cubrían la cabeza, marchaban para desafiar a los militares y exigir la aparición de sus hijos y nietos.
En 1983, cuando terminó la dictadura, comenzaron a develarse con mayor claridad los crímenes masivos de los represores. Los juicios a las Juntas Militares que habían gobernado se realizaron en 1985 y se transmitieron por televisión, lo que permitió que la sociedad conociera las atrocidades.
El proceso judicial se basó en el crudo informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que reunió testimonios de las víctimas y que luego fueron recopilados en un informe titulado 'Nunca más'.
Justicia a medias
Sin embargo, luego se promovió la "teoría de los dos demonios", a pesar de que la jurisprudencia internacional ya establecía que los crímenes cometidos por el Estado entrañaban una mayor gravedad porque las autoridades deben salvaguardar a sus ciudadanos, no exterminarlos, como ocurrió en la nación sudamericana.
En los juicios de 1985 solo fueron condenados cinco represores (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti). Otros cuatro lograron la absolución (Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo).
Al año siguiente se emitieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que blindaron judicialmente a miles de militares, civiles y miembros de la Iglesia que habían participado en los crímenes y que, gracias a estas normas, permanecieron impunes durante años.
El argumento central fue que para lograr "la reconciliación nacional", Argentina necesitaba poner "punto final" a la violencia política de las décadas anteriores, y que, además, los militares subordinados no tenían responsabilidad porque solo habían "obedecido" órdenes.
Además, en 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a los pocos militares que estaban en prisión y a los líderes de las organizaciones guerrilleras condenados en juicios paralelos.
Resistencia
En medio de esas oscilaciones, los organismos de derechos humanos, siempre encabezados por Madres y Abuelas, y en los que participaban sobrevivientes, mantuvieron su reclamo de justicia sin el respaldo de los gobiernos de turno, los medios de comunicación o de gran parte de la sociedad, que prefería apostar a que se "olvidara" la dictadura a pesar de que miles de personas seguían desaparecidas.
Todo ello cambió en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el poder. "Somos hijos y nietos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", dijo en Naciones Unidas un año antes de pedir perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura. En esa línea, promovió la reactivación de los juicios que continúan hasta ahora y que han permitido cientos de sentencias.
Por primera vez, con Kirchner, el discurso oficial hacia la dictadura fue de condena plena a los represores y de apoyo incondicional a los organismos de derechos humanos, que contaron con un inédito respaldo económico, político y social.
Esa postura, sin embargo, ha sido criticada en el nuevo documental divulgado por el Ejecutivo de Milei. En el audiovisual publicado hoy, se menciona que "en el año 2003, el Gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder".
En 2015, el clima volvió a cambiar con la llegada del presidente Mauricio Macri, quien criticaba "el curro de los derechos humanos", consideraba que la dictadura era algo del "pasado" y decía que no le "interesaba" el número de desaparecidos.
Macri reinstaló la "teoría de los dos demonios" y se enfrentó a los organismos que comenzaron a ser cuestionados públicamente, además de que se les restaron los financiamientos oficiales que se repusieron durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), pero que perdieron por completo a partir de la llegada de Milei al poder.
